Los representantes de la empresa Uralita han asegurado que «siempre» se cumplió en su fábrica de Sevilla con la legislación vigente sobre utilización del amianto, en una afirmación efectuada tras la celebración de la primera vista celebrada en la sala de lo civil de los juzgados sevillanos en relación a la denuncia colectiva presentada por extrabajadores de la fábrica de Uralita en Sevilla.

Según indica la empresa en una nota, Uralita realizó inversiones en materia de seguridad e higiene y creó una comisión interna sobre esa problemática antes de que existiera la normativa específica sobre amianto.

La compañía informa que, tal y como ha manifestado ante el juez, «siempre ha desarrollado su actividad cumpliendo estrictamente con toda la legislación vigente en materia de amianto; fue de las primeras empresas que, adelantándose a la legislación, adoptó voluntariamente diversas medidas de prevención en 1977, cinco años antes de que entrara en vigor la Ley española de 1982 y seis años antes de que aparecieran las recomendaciones al respecto de organismos tan relevantes como OIT (Organización Internacional del Trabajo) y CEE (actual UE)».

Uralita ha resaltado que «desde mucho antes de la implantación de la normativa específica, se realizaron inversiones en materia de seguridad e higiene» y creó una comisión interna de seguimiento de esa problemática, la Comisión Nacional del Amianto de Uralita, «precursora de la que luego se creó por la Administración, recibiendo felicitaciones por parte de esta última en relación con sus servicios de prevención y control, como  servicios médicos o equipos de medición, entre otros servicios».

Ha explicado que Uralita comenzó a trabajar en la sustitución de este producto en sus fábricas «antes de la entrada en vigor de la normativa europea de 1999 y española de 2002 sobre prohibición de uso y comercialización de productos con amianto», un proceso que culminó en mayo de 2002 y supuso «la instalación de nuevas tecnologías que permitían fabricar productos sin amianto».

Asimismo, ha recordado que la fábrica de Sevilla fue creada en la década de los cuarenta y cesó en su actividad en 1999.

Concentración de los trabajadores

Los extrabajadores de Uralita, sus familiares y delegados sindicatos se han concentrado ayer y hoy a las puertas del juzgado de lo social de Sevilla, en el edificio Noga, con motivo del juicio donde 26 extrabajadores -algunos de ellos fallecidos, por lo que irán sus familias–exigen a la empresa 2,2 millones de euros en total en concepto de indemnización por las enfermedades generadas por el contacto con el amianto.

Fuentes de los trabajadores han indicado que «desde el año 2005 ya no se utiliza el amianto en las fábricas pero todavía quedan residuos», por lo que la asociación de afectados exige un trabajo de prevención. «Cuando se promulgó la ley de eliminación del amianto, el 12 de marzo de 2006, había en España más de 3.000 víctimas del amianto», explica el portavoz de los afectados, Antonio Delgado, quien lamenta que esa cifra «va en aumento porque ya se han detectado casos en familiares directos».

La jornada de ayer y de la de hoy martes harán historia al tratarse del primer juicio colectivo por la vía civil contra la empresa, a la que reclaman 2,2 millones de euros de indemnización por los daños causados que provocan enfermedades y en algunos casos fallecimientos.

Los trabajadores estuvieron acompañados por trabajadores afectados por amianto procedentes de Italia y de América del Sur.

Abogados de los trabajadores

Fuentes de los abogados de los trabajadores aseguran que durante su tarea, la empresa «no adoptó suficientes medidas de seguridad para proteger a los trabajadores de esa sustancia, y las que se adoptaron fueron absolutamente ineficaces y muy tardías, pues no se aplicaron hasta finales de los 60 e inicios de los 70, cuando ya llevaban muchos años expuestos al amianto».

Asimismo, fuentes de los abogados de los trabajadores resaltaron a Europa Press que en la vista de este lunes comparecieron médicos y peritos por parte de la acusación, quienes «informaron del comportamiento de las enfermedades padecidas por este colectivo, cuyo desarrollo es progresivo y no da la cara tan pronto».

«La empresa dice que efectuó un estricto cumplimiento de la legalidad vigente y hace una valoración interesada, mientras que los informes de nuestros médicos están efectuados por profesionales de centros públicos de la sanidad y han mostrado el daño corporal que ocasionaba el amianto», han agregado fuentes de los abogados de los trabajadores, quienes apuntan que «la empresa argumenta que se gastó 190 millones de pesetas en 28 años en prevención, pero es una cifra ridícula comparada con la cifra de negocio, y además fue ineficaz, pues las consecuencias la hemos visto y la seguiremos viendo».

«Tenemos buenas sensaciones, y esperamos un paso adelante y un pronunciamiento valiente por parte de la juez respecto a que aprecie que son daños progresivos», han agregado fuentes de los abogados de los afectados, quienes precisan que la sesión seguirá este martes con más peritos, en este caso los de la empresa.