Los padres de los alumnos del colegio público José Sebastián y Bandarán han iniciado una recogida de firmas para impedir que se reanuden los trabajos de retirada de terrenos, procedente de la empresa Uralita, por posible contaminación con amianto de los límites del Cortijo del Cuarto, perteneciente a la Diputación de Sevilla. La Policía Local paralizó este miércoles estas actuaciones tras recibir numerosas llamadas de los vecinos de la zona.

Según ha asegurado la Diputación de Sevilla, las obras cuentan con la licencia municipal para la realización de movimiento de tierras y con la aprobación del plan de trabajo del Proyecto de Recuperación Voluntaria de Suelo por parte de la Delegación de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y de la Delegación de Empleo, que incluye las medidas de seguridad pertinentes para todos los implicados en el proceso.

Sin embargo, los trabajos se han paralizado tras causar malestar entre el vecindario, que veían comprometida la seguridad de los alumnos de Infantil y Primaria del colegio José Sebastián y Bandarán, que tiene un patio abierto a escasos metros de la zona en la que los operarios retiran el posible terreno contaminado.

Según fuentes municipales, el director del centro educativo ha redactado un escrito y la asociación de padres y madres está recogiendo firmas para llevarlas al juzgado, que tiene la potestad para dirimir si los trabajos se ajustan a la normativa y pueden continuar o se prorroga la paralización.

En este marco, los vecinos han hecho público su malestar al constatar que los operarios que actuaban en la obra llevan medidas de protección que no se han facilitado a los vecinos y pidiendo que se extremaran las medidas de precaución a la hora de eliminar los restos de la zona. La versión de los vecinos difiere con la manifestada por la Diputación, que asegura que éstos estaban «informados en todo momento de las acciones que se iban a llevar por parte del gerente de Sevilla Activa a cabo a través de las personas que se han manifestado como portavoces de los mismos».

A este respecto, el organismo presidido por Fernando Rodríguez Villalobos deja claro que las medidas de seguridad adoptadas, tanto para los operarios como para los vecinos de la zona, son las que se recogen en el Proyecto de Recuperación voluntaria de Suelo, aprobadas «con todos los parabienes por las delegaciones de Medio Ambiente y Empleo de la Junta de Andalucía y propuestas por una empresa experta en la materia y homologada en su sector por la Junta de Andalucía». En concreto, entre las que afectan a los vecinos, se recoge el vallado perimetral, humidificación de los terrenos, camiones mallados específicamente en su superficie, entre otros.

Ante la paralización de la obra, la Diputación de Sevilla está obligada a esperar a que el Ayuntamiento de la capital hispalense recepcione los permisos correspondientes para todas las actuaciones, por parte de la Policía Local, tras la constatación ‘in situ’, y a que comunique oficialmente la certificación de que la obra puede continuar.