La comunidad de vecinos de los pisos sociales del bloque ocho de la calle Burdeos, en el barrio de Los Bermejales, gestionados por la Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), anteriormente (EPSA), han denunciado la situación de abandono por parte de la Junta de este edificio de tres plantas, donde viven 19 vecinos en régimen de alquiler.

La presidenta de la comunidad, Karima Ben Califa, reclamó a la administración autonómica la regularización de todos los inquilinos del bloque, a fin de normalizar la convivencia, llevar a cabo el mantenimiento de las zonas comunes y acometer obras de conservación de las instalaciones del inmueble dañadas por vecinos conflictivos.

En concreto, la representante vecinal se lamentó de que desde el pasado mes de mayo el ascensor del bloque no funciona, con el consiguiente perjuicio para los vecinos, en su mayoría personas mayores y que sufren alguna discapacidad. «Muchos de ellos no pueden salir de sus casas ni siquiera para hacer la compra, por lo que las vecinas tenemos que ayudarles en sus tareas cotidianas». Igualmente advirtió de que la puerta principal del edificio está estropeada y siempre permanece abierta, «por lo que los vecinos viven con el permanente temor de que se convierta en refugio de personas desconocidas».

Entre los desperfectos existentes, Karima Ben Califa enumera la rotura del cuadro eléctrico del edificio y de cristales, así como la permanente suciedad en las zonas comunes.

Y lo que más llama la atención es que a pesar de que la sede de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (Avra) se encuentra también en el mismo barrio de Los Bermejales, en la avenida de Grecia, a unos doscientos metros de distancia del bloque de la calle Burdeos «la Junta se lava las manos y mira para otro lado», señala la presidenta de la comunidad de vecinos.

«Nos tratan como ciudadanos de tercera categoría a pesar de que muchos vecinos estamos al día en el pago del alquiler porque el propietario del inmueble, la consejería de Fomento y Vivienda, IU, tiene el deber legal de conservar el bloque y las viviendas y, en cambio, nos dicen que somos los propios vecinos, con apenas recursos económicos, los que debemos arreglar los desperfectos».

Los afectados han solicitado alegando del distrito Bellavista-La Palmera, Rafael Belmonte, su mediación para la reparación del bloque. Belmonte recordó que desde el comienzo del mandato municipal, el PP lleva reclamando a la Junta de Andalucía el mantenimiento de este bloque de pisos de viviendas sociales, cuya única intervención de mejora se limita al cierre del garaje, ya que estaba en desuso y era ocupado por gente ajena del edificio, la reparación de una rejilla de hierro ubicada en la azotea y el alicatado de un cuarto de baño de un piso.

Los vecinos denuncian medidas como dejar de pagar el alquiler o el IBI, aunque no son los propietarios de las casas, si la Junta no arregla el bloque.

«El estado de las viviendas sociales en este barrio refleja la falta de compromiso y sensibilidad de la Junta con las políticas de rehabilitación y con un derecho fundamental como es una vivienda digna para personas con escasos recursos. La Junta tiene unas 8.000 viviendas en la provincia de Sevilla sin regularizar», señala Belmonte.