Bicicleta y vivienda son los dos temas que han centrado la última Junta Municipal del Distrito Casco Antiguo, celebrada este martes en el Centro Cívico Las Sirenas. Ambas cuestiones estaban referidas a tres propuestas planteadas por el grupo Izquierda Unida, de las que solo ha prosperado una con el voto unánime de los miembros de este órgano municipal.

La primera de las mociones defendidas por el representante de izquierdas, Luciniano Rodríguez, insta al gobierno local «al estudio de un plan de bicicleta qué esté orientado a potenciar el uso de este medio de transporte en la ciudad y a consolidar a Sevilla como un referente mundial de la movilidad sostenible». La moción salió adelante con los votos a favor de todos los vocales de la Junta tras incluirse una matización propuesta por el grupo popular que eliminaba de la misma la fórmula «elaboración y puesta en marcha» para incluir «hacer un estudio» de dicho plan.

Amidea NavarroRodríguez aprovechó la moción para denunciar que «el gobierno de Zoido está quebrando el plan de la bicicleta» impulsado por la anterior corporación y advirtió que este sector está provocando el florecimiento de una industria en torno a este medio de transporte.

El orden del día también incluía una moción llevada a la mesa por Izquierda Unida a petición de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Sevilla. La misma urgía al Pleno a «manifestar el compromiso de poner en marcha medidas municipales, en base a la legalidad y las competencias existentes, con el objetivo de garantizar el derecho de la vivienda de la población y hacer frente a la emergencia habitacional».

En torno a este primer punto, el portavoz de los populares, Joaquín Portas, defendió que «el alcalde ha sido el primero en anunciar que no se ejecutará ningún desahució en las viviendas de Emvisesa». Además, el representante del PP recordó que el Ayuntamiento de Sevilla ha impulsado una medida por la que se puede conservar la vivienda solo con el 30 por ciento de los ingresos de la unidad familiar o 25 euros si no se pueden demostrar tales ingresos, por lo que su grupo entendía que «ya se están haciendo las políticas que reclama la propuesta».

Sin embargo, las fricciones entre los diferentes partidos llegó en los otros tres puntos que incluía la moción que defendía Izquierda Unida. En dichos pasajes, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Sevilla instaba al gobierno local a «establecer un recargo del 50 por ciento de la cuota líquida del impuesto para los inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados y hayan sido atribuidos a entidades financieras que operan en la ciudad de Sevilla». Del mismo modo, solicitaba «imponer multas coercitivas» si transcurrido un plazo no se ocupa el inmueble e «instar al gobierno central a retirar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la Ley de Medidas para Asegurar la Función Social de la Vivienda de la Junta de Andalucía».

Antonio Gómez PSOEEstas tesis fueron rechazadas por los populares y por varias asociaciones de la Junta. PSOE e IU votaron a favor de la misma. El representante de los socialistas, Antonio Gómez, instó a «ser prácticos» para que el Ayuntamiento de Sevilla pusiese las viviendas vacías en manos de aquellos vecinos que las necesitasen ya que «la vivienda es un derecho constitucional».

Por otra parte, la última moción a discusión estaba relacionada con las viviendas de la plaza de la Encarnación 5 y 6. Izquierda Unida reclama, de un lado, la «suspensión inmediata» del proceso emprendido por el Gobierno de Juan Ignacio Zoido (PP) para vender el inmueble y, de otro, pide la recuperación del uso original de este edificio con objeto de destinarlo al realojo de personas en situación de emergencia social.

La portavoz del PP, Susana Cayuelas, defendió que la fórmula que pretende el Ayuntamiento para ese espacio se trata de una «cesión, no una venta, por lo que se puede revertir». La representante popular también criticó la «dudosa ética» del la anterior corporación municipal formada por la coalición PSOE-IU para «ejecutar un proyecto como las ‘Setas’ por valor de unos cien millones de euros, cuando la rehabilitación del edificio citado solo requería de 2.950.000 euros». Además, Cayuelas recordó que este edificio fue expropiado en 2007 y se mantiene cerrado hasta abril de 2011 sin hacerse nada.

En respuesta a la intervención de Cayuelas, el portavoz del PSOE, Antonio Gómez, aseguró que el anterior equipo de gobierno compró el espacio y que correspondía a la corporación actual darle uso. «Os habéis encontrado con el patrimonio, ahora corresponde a vosotros hacer con él lo que podáis con la fuerza de los votos», espetó Gómez. La moción fue rechazada y solo contó con los votos favorables de PSOE, IU y la asociación de Padres y Madres del Colegio Alberto Lista.