El portavoz del Grupo Socialista, Juan Espadas, junto al concejal, Juan Miguel Bazaga, han visitado hoy las instalaciones del centro deportivo Fundición para analizar con los usuarios los efectos de la privatización iniciado por Zoido «sin diálogo y sin previo aviso».

Durante esta reunión, el portavoz socialista ha anunciado que el pasado 20 de agosto, el Grupo Socialista registró un recurso especial en materia de contratación contra la privatización de estas instalaciones para pedir su paralización por ser un proceso «no justificado, que perjudica a usuarios y trabajadores» y en el que existen «serias dudas legales». «Hemos esperado diez días a obtener una respuesta, y no la ha habido. Por eso, por responsabilidad, hemos decidido anunciar este recurso para que lo conozcan los usuarios, los vecinos de Sevilla y las empresas que puedan querer presentar sus ofertas antes de que acabe el plazo el próximo 6 de septiembre», explicó el portavoz socialista, quien instó a Zoido a dar explicaciones de forma inmediata y a sentarse a dialogar con los más de 2.500 usuarios del centro deportivo y sus trabajadores.

El portavoz socialista cuestionó en primer lugar que la privatización de unas instalaciones que costaron más de 6 millones de euros al Ayuntamiento estén justificadas, y criticó que a cambio sólo se exija un reducido canon de 65.832 euros, unas inversiones de mantenimiento de 224.620 euros a repartir en cuatro años y una serie de proyectos de ampliación de instalaciones que tienen un carácter voluntario. «Se está regalando una instalación deportiva pública ofreciéndole a una empresa la máxima rentabilidad económica a cambio de una mínima o nula inversión para mejorar el servicio a los ciudadanos», subrayó el portavoz quien criticó que se haya vinculado la concesión de las instalaciones al aparcamiento subterráneo construido para los residentes del Casco Antiguo.

Espadas, además, recordó que en la memoria económica que se adjunta al pliego de condiciones se plantea una subida de tarifas de un 45%, hasta los 35 euros, una medida a la que hay que añadir que, al dejar de ser un centro deportivo de gestión directa, sus usuarios se quedarán fuera de todas las bonificaciones y ventajas incluidas en las ordenanzas fiscales. Asimismo, tendrá una repercusión sobre los trabajadores de empresas contratadas por el IMD que prestan servicio en el centro deportivo y a los que aún no se han dado explicaciones.  De hecho, en las instalaciones se han recogido ya más de 700 firmas contra el proceso de privatización iniciado por el IMD y reclamando información y diálogo con usuarios y trabajadores.

El recurso registrado por el Grupo Socialista incluye también las «serias dudas legales» existentes sobre la modificación del régimen del aparcamiento subterráneo del centro Fundición, ya que pasará a ser rotatorio. «Es una irregularidad manifiesta puesto que el PGOU prohíbe expresamente cualquier aparcamiento de carácter rotatorio en el casco histórico. Y la modificación que quiere realizar el gobierno de Zoido para levantar esta restricción ni siquiera está autorizada por el Consejo Consultivo. Se va a adjudicar un aparcamiento rotatorio cuando aún está prohibido y esto genera una grave inseguridad jurídica en las empresas que quieran concurrir, además de demostrar de nuevo la ausencia de un modelo de movilidad para el casco histórico», apuntó el portavoz socialista. En este sentido, apuntó que las 70 plazas de aparcamiento del centro deportivo se construyeron para ampliar la oferta de los residentes y fueron sorteadas hace años, de modo que hay muchas que siguen ocupadas con unas tarifas que se fijan en las ordenanzas fiscales de cada año.

Espadas, quien anunció que la paralización de la privatización del centro deportivo Fundición se trasladará a la próxima sesión plenaria, instó al gobierno del PP a dejar de comparar esta privatización con otros modelos como los aplicados en suelos del distrito Este, que el Grupo Socialista no cuestiona y que ya se aplicaron en el anterior mandato, en los que el Ayuntamiento cede un suelo a una empresa para que ésta realice una gran inversión para construir un nuevo centro deportivo a cambio de poder gestionarlo. «Aquí no hay que buscar a una empresa privada para que realice una inversión y dé un servicio a unos ciudadanos que carecen de unas instalaciones deportivas, el centro deportivo lo ha construido la administración pública y, ahora, cuando está en perfectas condiciones, se va a regalar a una empresa privada para que la rentabilice».