El concejal socialista, Juan Manuel Flores, ha acompañado hoy a miembros de la asociación vecinal Guadalquivir de Padre Pío en el registro de 256 denuncias individuales que exigen al gobierno de Zoido que actúe de manera inmediata contra el vertedero incontrolado que lleva meses generando molestias diarias en una parcela de titularidad municipal en el término de Alcalá de Guadaíra que linda con la barriada de Cerro-Amate.

«Ya no caben más excusas sino respuestas. Zoido no puede seguir dilatando la intervención urgente en la eliminación de este vertedero en el que diariamente se queman gomas y se generan columnas de humo negro que se ven en la distancia y que producen problemas de salubridad directos sobre vecinos por la proximidad de viviendas y del colegio de Infantil y Primaria Valeriano Bécquer», explica el concejal quien recuerda que «esta misma denuncia registrada hoy para que actúe Urbanismo es la que el propio PSOE presentó a principios de mes sin éxito, al igual que tampoco ha generado reacción municipal la aprobación en Junta de Distrito de la moción socialista sobre el mismo tema».

El deber de conservación de la parcela corresponde legalmente al propietario, que en este caso es el propio Ayuntamiento de Sevilla, independientemente del municipio en el que se encuentre la propiedad. Como se explica en la denuncia vecinal, se trata de una finca de 1.756 metros cuadrados asentada en el registro de Alcalá a nombre de la Gerencia de Urbanismo como Patrimonio Municipal del Suelo, «razón por la que no se entiende que el gobierno de Zoido siga mareando buscando otros culpables sin intervenir ni asumir su responsabilidad».

En el solar se acumulan basuras, escombros y deshechos tanto sólidos como líquidos que generan mal olor y atraen a ratas, una situación que se ha agravado en los últimos meses aumentando la preocupación vecinal en la zona.

Desde el PSOE se reitera el apoyo a las movilizaciones y actuaciones que los vecinos planteen desarrollar para llamar la atención del Distrito y del gobierno de Zoido, «incluida la posibilidad de acudir a otras administraciones o a instancias judiciales competentes para que se resuelva la intervención y se depuren responsabilidades por la inacción municipal», concluye Flores.