El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos, ha denunciado la «inaceptable estrategia de acoso y amedrentamiento» que la empresa municipal de vivienda, Emvisesa, viene ejerciendo desde hace varios meses contra una decena de familias a las que pretende desalojar de los pisos que les adjudicó en régimen de alquiler en el verano del año pasado, a pesar de que no han dejado de pagar sus correspondientes rentas de arrendamiento».

Torrijos, que ha comparecido ante los medios de comunicación acompañado por dos vecinos afectados, ha mostrado su «perplejidad» ante lo que ha tildado de «escándalo mayúsculo», argumentando que «no es normal que el Gobierno local se proponga expulsar a estos vecinos de sus casas, alegando la ausencia de contratos, después de haberles entregado las llaves de las viviendas, del portal y del garaje, además de facilitarles la cédula de habitabilidad y los números de cuenta a dónde ingresar el importe de la comunidad y del alquiler».

Al hilo de esto, Torrijos ha criticado de «inhumano escrache el protagonizado por el Gobierno de Zoido contra una serie de familias humildes que proceden en su inmensa mayoría de situaciones de desahucio y que, además, formaban parte del listado de solicitantes de viviendas protegidas de Emvisesa cuando se les comunicó que habían resultado adjudicatarias de un piso en alquiler».

Torrijos ha explicado que hace más de un mes trasladó personalmente su preocupación por este asunto al regidor hispalense, «quien, después de manifestarme su sorpresa, aseguró que iba a enterarse bien y que me contestaría en 48 horas». Ante la ausencia de información, el portavoz de IU intentó ponerse en contacto de nuevo con Zoido unos días más tarde, «pero ya no me cogió el teléfono». Sí lo hizo su jefe de gabinete, que también le garantizó una pronta respuesta, «pero seguimos esperando», ha lamentado.

Torrijos ha anunciado que su fuerza política elevará una moción al próximo Pleno del Consistorio, en la que, de un lado, reclamará la convocatoria urgente del Consejo de Administración de Emvisesa, a fin de que el Gobierno del PP dé cuenta allí de lo ocurrido en las viviendas referidas y, de otro, solicitará también la apertura de una Comisión de Investigación, con presencia de todos los grupos políticos, al objeto de esclarecer lo acontecido en estas adjudicaciones y depurar las posibles responsabilidades políticas y administrativas en las que se haya podido incurrir.

Según ha aseverado Torrijos, el principal objetivo de IU es que «los vecinos se queden en sus casas». «Ellos se encuentran al día de sus rentas, sus domicilios aparecen reconocidos en el censo electoral y sus hijos están escolarizados en los colegios de la zona. Por tanto, no tienen por qué pagar los errores o negligencias de Emvisesa».