La Empresa Municipal de Viviendas del Ayuntamiento de Sevilla, Emvisesa, ha puesto a disposición de Asuntos Sociales 52 viviendas para las personas que están en el baremo en proceso de intervención social.

Estos inmuebles están ubicados en la Barriada de Torreblanca y el coste mensual que las familias tendrán que pagar será de 40 euros, comunidad incluida. Así se ha aprobado esta mañana en la Comisión Ejecutiva de Emvisesa.

Asimismo, la delegada de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación, Dolores De Pablo-Blanco, ha destacado que «con estas 52 viviendas se podrán realojar a familias que estén en el baremo social, a las que más lo necesiten, cumpliendo así con el trabajo que este gobierno viene desarrollando en estos últimos años de atención a todas aquellas familias y personas más necesitadas».

Del mismo modo, De Pablo- Blanco, ha recordado que «desde un primer momento este equipo de gobierno viene trabajando para ayudar a todas aquellas personas necesitadas prueba de ello es que desde el minuto uno se paralizaron todos los desahucios en las VPO del Ayuntamiento».

Además, la delegada de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación ha detallado que en febrero del año pasado se aprobó en Junta de Gobierno el baremo para la adjudicación de vivienda en proceso de intervención social así como las instrucciones para su aplicación.

«El objetivo de este procedimiento era el de ordenar y clasificar a estas familias, atendiendo a criterios objetivos y cuantificables. Para ello desde los Centros de Servicios Sociales, al tener conocimiento en la intervención de la necesidad de vivienda en una familia, comprobado que cumple los requisitos, y requerida la documentación oportuna, se aplica, de oficio, el baremo de valoración conformado por una batería de 74 ítems, que se agrupan en 5 apartados: composición de la unidad familiar, situación actual de alojamiento familiar, circunstancias familiares, personales o sociales, intervención técnica desarrollada y circunstancias laborales y económicas», ha explicado De Pablo-Blanco.

Todos ellos, en su globalidad, evalúan en términos cuantitativos la situación de vulnerabilidad de las familias destinatarias y la concurrencia de los requisitos mínimos imprescindibles para viabilizar el acceso a una vivienda protegida. La puntuación obtenida tras la cumplimentación del baremo, determinará el orden de preferencia en la adjudicación de viviendas sociales disponibles adecuadas a la demanda explicitada por la unidad familiar en el baremo y a los requisitos de acceso de la vivienda disponible, en su caso, determinados por norma legal, convenio o acuerdo de obligada observancia.

La única excepción a la aplicación del baremo son las unidades familiares en las que resulte urgente su acceso a una vivienda concurriendo, además, las circunstancias acumuladas debidamente motivadas y justificadas por informe técnico, de: grave exclusión social y en proceso de realojo.

«Cada cuatro meses se emite y aprueba por resolución la lista de reserva para la adjudicación de viviendas sociales de familias baremadas, con inclusión de todos los baremos cumplimentados por las unidades administrativas habilitadas para ello en ese período. El orden de preferencia en la adjudicación de viviendas sociales vendrá determinado por la puntuación obtenida tras la cumplimentación del baremo, ordenándose las listas de reserva en orden descendente, de mayor a menor puntuación», ha señalado la delegada De Pablo-Blanco, que ha añadido que en la actualidad se encuentra en vigor la lista de reserva, aprobada en el mes de marzo y compuesta por 388 personas, hasta el mes de julio.