La delegada del Distrito Macarena, Evelia Rincón, ha señalado que «este Gobierno está trabajando en La Barzola para intentar solucionar problemas que sus vecinos llevan sufriendo desde hace muchos años. Respecto a los titulares de los arrendamientos de locales de renta antigua, éstos sabían del plazo establecido por la Ley, que era de 20 años, y el Ayuntamiento ha tomado una decisión no por una voluntad unilateral, sino por una exigencia legal a cuyo cumplimiento estaba obligada esta Administración. Pero a los interesados no sólo se les comunicó con tiempo mediante notificadores municipales, sino que se ha mantenido una comunicación y diálogo constante con ellos, como demuestra el hecho de que se han estimado el 65% de las alegaciones presentadas, por lo que hasta 13 contratos no se resuelven con esa fecha, sino que a cada uno le corresponde una fecha de resolución diferente según el caso».

Rincón ha recordado además que «los locales afectados por este plazo únicamente eran 39 en toda la ciudad, no sólo en La Barzola, de los cuales sólo 20 estaban abiertos y 19 cerrados. Y además, 13 de ellos no han quedado resueltos en esta fecha, después del proceso de comunicación abierto con los arrendatarios. La voluntad negociadora del Ayuntamiento queda demostrada por el hecho de que incluso para aquellos locales abiertos sobre los que tenemos constancia del interés del arrendatario en ejercer su derecho de adjudicación preferente, se está planteando la posibilidad de acordar una autorización temporal para que continúen en posesión del local en precario hasta la adjudicación del nuevo contrato».

La delegada del Distrito Macarena ha aclarado además que «respecto a la regularización de las viviendas municipales se está trabajando en ello, pero son muchas las complicaciones que presenta la normativa que aplica la Junta de Andalucía, como es el Decreto 175/2002 de 11 de junio, por el que se regula el acceso a la propiedad de las viviendas de promoción pública cuyo régimen sea el arrendamiento. Uno de los requisitos exigidos por la normativa es estar al corriente en el pago de rentas, en concreto, el 100% de los recibos pagados en los últimos 10 años. Dado el alto número de impagos de los recibos de renta mensual, si se aplica esta normativa muy pocos vecinos tendrían derecho a la compra de la vivienda que ocupan. Es obvio que no es el momento económico para plantear esto, aunque seguimos buscando fórmulas».