El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado la moción socialista que apuesta por instar al Estado a que ceda al Consistorio de modo temporal y gratuito las dos parcelas que formaban parte del antiguo centro penitenciario Sevilla I, ubicado en La Ranilla y con uso residencial, para que se destinen a aparcamiento provisional de vehículos mientras que se ejecuta lo previsto para éstas en el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU). Esta iniciativa ha contado con el apoyo de todos los grupos y la abstención de IU.

Según ha detallado el concejal de Seguridad y Movilidad, Juan Carlos Cabrera, se apuesta por sacar a licitación un contrato de gestión de este aparcamiento que prevé que quede respaldado en enero por un informe que defina el uso, para abonos a residentes o para cualquier ciudadano. Además, anuncia que en el contrato se incluirían ya cláusulas sociales para que los empleados sean personas desempleadas de larga duración.

Para Cabrera, este espacio serviría para paliar las necesidades de la zona, aunque advierte de que no constituye una política propia de movilidad, teniendo en cuenta que ya se trabaja en un plan para la ciudad para el que se sacará a licitación su licitación con el objetivo de que los técnicos lo redacten en base a las conclusiones de las mesas constituidas a tal efecto, incluyéndose ahí el plan de aparcamientos.

Sin previsiones de edificación

Cabe recordar que en la zona de la Ranilla ha disminuido el número de aparcamientos, con especiales carencias en Mariano Benlliure, avenida de Andalucía, Alejandro Collantes, Padre Pedro Ayala, Rico Cejudo, Cristo de la Sed, Ronda del Tamarguillo o Parque de la Ranilla, entre otros. A la par, ha existido un aumento de los desplazamientos ligados al edificio municipal que acoge la Policía Local, Tráfico, Transportes y el Instituto del Taxi.

Respecto a las parcelas en cuestión, en el convenio urbanístico de 2006 entre el Ayuntamiento y la Sociedad Estatal de infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios SA, esta entidad se reservó dos parcelas con una superficie de 5.500 metros cuadrados para uso predominantemente residencial. Sin embargo, tras la aprobación definitiva del PGOU, estas parcelas continúan sin estar edificadas, «ni existen previsiones a corto plazo para que se ejecute lo previsto en el planeamiento», según el PSOE.