El portavoz municipal de IU en Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos, ha lamentado este lunes que, «dos semanas después de que estallara el escándalo de la VPO del concejal del PP, Juan García Camacho, ni el alcalde ni nadie de su equipo gobierno se hayan dignado aún a dar explicaciones sobre “un tema tan bochornoso” ni tampoco a adoptar ninguna medida ante el supuesto fraude que el referido edil podría estar cometiendo».

Según Torrijos, García Camacho ha tenido «multitud de ocasiones» para aclarar el presunto uso irregular de su vivienda protegida de Pino Montano –algo que ya hizo en un comunicado– empezando por el pasado Pleno del Ayuntamiento y siguiendo por el Debate sobre el estado del Distrito Norte, donde es delegado. «Pero hasta ahora se ha limitado a ignorar nuestras preguntas, a esconderse, a hacerse la víctima o a mentir descaradamente», ha criticado.

Y es que, a pesar de que el concejal del PP lo haya negado, su declaración de bienes y derechos patrimoniales «refleja claramente que, cuando le fue adjudicado el piso en 2005, ya era a su vez copropietario de otra vivienda. Pero, si esta cuestión se antoja grave, más inaceptable todavía resulta, a juicio de Torrijos, el hecho de que García Camacho no haya estado habitando dicha casa, pese a que la normativa de Emvisesa establece que las VPO han de destinarse a residencia habitual y permanente por sus adquirentes.

En este sentido, Torrijos ha aludido a que hasta cuatro organismos oficiales distintos, incluidos el propio Ayuntamiento y su Agencia Tributaria, se habrían visto obligados a recurrir al BOP, a lo largo de los últimos cinco años, a fin de notificarle a García Camacho diversos asuntos que le afectaban directamente (entre ellos, multas y diligencias de embargo de sueldos, salarios y pensiones), al no haber logrado localizarlo previamente en su domicilio fiscal.

«Se trata, sin duda, de la prueba del algodón», ha aseverado el concejal de IU, quien considera que, después de la publicación de esta noticia, parece indudable que el delegado de Norte jamás ha ocupado regularmente su VPO. Extremo que, por otro lado, él mismo ha reconocido ante los medios de comunicación.

Por eso, «no entendemos el mutismo cómplice del alcalde que, al igual que ocurre con sus sobresueldos, en este tema tan alarmante se empeña también en mirar hacia otro lado y en no explicar nada a la ciudadanía», ha manifestado Torrijos. Y tal silencio, «además de evidenciar su absoluta falta de transparencia, constituye un insulto en toda regla a los más 16.600 sevillanos que actualmente sueñan con acceder a una VPO en esta ciudad, encontrándose debidamente registrados en la correspondiente lista de demandantes», ha remachado.

«¿No sabemos a qué espera Zoido para tomar algún tipo de medida encaminada a reparar esta situación aparentemente ilegal e indecente?», se ha preguntado el portavoz municipal de la federación de izquierdas, quien entiende que, si, como argumenta el mismo delegado de Norte, sus circunstancias han cambiado y, en consecuencia, ya no necesita la VPO, debería haber renunciado a ella hace ya bastante tiempo. Por el contrario, «insistir en ese comportamiento, sumamente reprobable y opaco, sólo viene a constatar el enésimo ejemplo de la doble moral que predica este Gobierno local», ha concluido.