El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla llevará una moción al Pleno de noviembre en el que se propone instar al Ministerio de Economía y Hacienda a que tramite una modificación de la Ley de Haciendas Locales para incluir como exención en el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a las viviendas de propiedad pública en régimen de alquiler social, una modificación legal que «debería ir acompañada de una compensación de los tributos por parte del Estado al Ayuntamiento para que no se produzcan desajustes».

Además, se pide a la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA) que mientras que se incluye esa exención, «que abone este impuesto tal como venía haciendo con anterioridad al dictamen del Consejo Consultivo», es decir, que lo abone directamente sin repercutirlo en sus alquilados, según ha explicado en rueda de prensa el concejal delegado del distrito San Pablo-Santa Justa, Jaime Ruiz.

En este sentido, desde el Ayuntamiento se informa que la deuda que actualmente tiene EPSA con el Consistorio en concepto de IBI es de 1.718.000 euros, de los que 1,5 millones se encuentran aún vía voluntaria, en plazo de ser abonados; mientras que unos 250.000 euros ya se gestionan por la vía ejecutiva, en la que se otorga un nuevo aviso para que se proceda al pago pero con recargo.

Ruiz explica que esta propuesta fue aprobada por unanimidad en el Pleno de la Junta Municipal del Distrito San Pablo-Santa Justa, donde fue presentada por la Asociación de Vecinos Félix Rodríguez de la Fuente de la barriada Las Huertas, una «unanimidad» que espera se repita en el Pleno hispalense. Así, esta modificación planteada afectaría, no sólo a los 300 vecinos de esta barriada, sino a todos los que cuenten con viviendas sociales en alquiler, al ser una normativa estatal.

En el caso de Sevilla, existen unas 1.300 en el Polígono Sur, otras 500 en el Distrito San Pablo-Santa Justa -entre las que se encuentran las de Las Huertas y las de La Corza- y unas 60 en la calle Nebli en Nervión, todas ellas de EPSA; mientras que hay 135 en Los Carteros propiedad de la empresa municipal de vivienda de Sevilla, Emvisesa. El delegado de San Pablo-Santa Justa añade que los propietarios de estas viviendas, con rentas bajas que pueden rondar los 300 o 400 euros, pagaban unos 17 euros mensuales por arrendamiento, pero que tras un informe del 18 de abril de 2012 del Consejo Consultivo de Andalucía daba la razón a la Junta de Andalucía para que repercutiera el IBI en sus alquilados, en vez de pagarlo directamente como propietario del inmueble, un concepto que supondría unos 34 euros más al mes para estas familias.

En este sentido, cabe recordar que a principios de año se sucedieron las movilizaciones por parte de los vecinos que se negaban a aceptar la repercusión del IBI de EPSA, unos vecinos que en abril advertían de su «temor» a ser desahuciados por tales impagos. Sin embargo, los vecinos continuaron sin abonar el recibo completo que se les remitía al incorporar el IBI, sino sólo la parte correspondiente al alquiler, y en mayo con la llegada de los nuevos responsables de Vivienda al Ejecutivo andaluz se sucedieron las reuniones en las que la Junta les trasladó que la situación estaba en vías de solventarse y que no habría consecuencias por esos impagos, según informó en su momento el responsable de la Asociación de Vecinos Félix Rodríguez de la Fuente, Enrique Álvarez, quien pedía que esto quedara plasmado por escrito y legalmente.

Ruiz confirma que la Junta «tácitamente no les está pidiendo a estos vecinos que abonen el IBI, tal como recoge el dictamen del Consejo Consultivo», por lo que pide que «esto se haga también de forma legal, porque es extraño este modo de actuación de una Administración». Estos arrendatarios de EPSA además ya no pagan por giro postal, sino en sucursales bancarias. Por último, asegura que los vecinos llevan «14 años reclamando que el Ayuntamiento se preocupe por resolver esta situación», algo que asegura fue «compromiso» del alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, y que ahora se da cumplimiento con esa petición al Estado.