El delegado del Distrito San Pablo – Santa Justa, Jaime Ruiz, junto a la portavoz de Vivienda del PP en el Parlamento de Andalucía, Alicia Martínez, se han reunido con representantes de los vecinos del edificio de la calle Gerión que se encuentran en riesgo de desahucio.

«Mi obligación como delegado es interesarme y escuchar a los vecinos del distrito en relación a cualquier problema que les afecte, y máxime si es un problema de primera magnitud como es el tema de la vivienda», comenta Jaime Ruiz.

Y es que estas sesenta familias afectadas por el desahucio llevan intentando ser recibidos desde el mes de julio por la Delegada Provincial de Vivienda de la Junta de Andalucía, Granada Santos, de IU, para que la misma pueda servir de mediadora al igual que hizo con los okupas de La Corrala. Hasta ahora sólo habían obtenido el silencio por respuesta, hasta que el caso saltó a los medios. «Hasta veintinueve llamadas realicé desde el mes de julio a la secretaria de la delegada solicitando una reunión y nada de nada», confirma el abogado Ernesto Sanguino, que representa a diecisiete vecinos y que se encontraba presente en la reunión.

La situación viene de atrás. En 2001 la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Alfredo Sánchez Monteseirín, cedió el suelo de titularidad pública, a través de subasta pública, para la construcción de vivienda de Protección Oficial a la empresa SURPROGESA, en calidad de viviendas de alquiler con opción a compra. Las condiciones eran que tras diez años de pago de alquiler, descontables en el pago total de la vivienda, debían transcurridos esos diez años afrontar el pago restante. Pero la crisis llegó y se cortó el grifo de los créditos. Ahora sesenta familias no pueden afrontar el pago final para adquirir la propiedad de las viviendas, ya que no reciben el respaldo financiero necesario. Ahora la empresa les obliga a marcharse de la que ha sido su vivienda los últimos diez años.

Los vecinos apelan a la mediación de agentes políticos y a que su caso sea elevado al Parlamento de Andalucía, «elevación a la que me comprometo en este momento interpelando en el próximo pleno del Parlamento Regional a la Consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, a que dé una salida negociada a este problema, como ha realizado en otros casos como el de La Corrala», indicaba Alicia Martínez.

Hasta el momento son ya varios los vecinos que han abandonado sus hogares, con los problemas de escolarización de sus hijos que esto conlleva, y muchos son los que prometen «luchar hasta el final y usar todas las vías legales para defender el que ha sido durante diez años su hogar. No somos personas de patadas a las puertas ni de pancartas y acampadas ilegales. Somos gente trabajadora que queremos seguir pagando nuestros pisos como hemos hecho hasta ahora religiosamente», argumentaba Pablo, un vecino presente en la reunión.

El tiempo que les queda a estas familias para evitar el desahucio es muy limitado, ya que el 21 de septiembre es la fecha límite que la empresa les ha dado para el pago final de la vivienda. En este sentido el delegado Ruiz les ha instado «a que me presentéis con premura un escrito conjunto, firmado por todos los representantes vecinales afectados, dónde se detalle toda la situación para de inmediato y a través de mi mediación podamos reunirnos con la Gerencia Municipal de Urbanismo y tratar todas las posibilidades de una salida negociada con la empresa».

Las familias afectadas, que no quieren protagonismo «ni que nuestro caso sea un arma política arrojadiza, sólo queremos vivir en paz en nuestras viviendas», según espetó Álvaro, vecino afectado, fueron animadas por Ruiz a que eleven su reclamación a todos los agentes políticos posibles si con eso se puede conseguir solucionar su problema. «Hemos venido a sumar, todo lo que podamos hacer por arreglar la complicada situación de unos vecinos del Distrito tengan por seguro que lo vamos a hacer, sin ningún tipo de sesgo político», concluía el delegado.