Los activistas del 15 M fueron desalojados el pasado viernes tras la ocupación del antiguo edificio de FP ADA, en el Polígono San Pablo, no obstante, ya han vuelto al inmueble y aseguran que ahora «es para quedarnos, pues no vamos a renunciar a este espacio». Un espacio en el que, afirman, desarrollarán «talleres, cursos de formación, actividades culturales diversas, mercados de trueque, intercambio de saberes y un huerto ecológico», entre otras iniciativas. Además, señalan que «hemos limpiado las instalaciones, sacando diez cubas de basura y hemos adecentado el local, calculando nuestro trabajo y esfuerzo en una inversión de unos 18.000 euros, por lo que no vamos a dejar que se tiren a la basura», argumentan los ocupas.

El edificio, al que han bautizado como «Centro Social la Soleá», no es de titularidad municipal, sino que es de propiedad privada y pertenece a la Asociación de Utilidad Pública de Carácter Benéfico ADA. Durante todo el fin de semana, ha mantenido a un vigilante de seguridad en la puerta pero «debido al coste que supone, hemos tenido que renunciar a sus servicios», declara Javier Fernández Montes, director de la escuela de FP ADA propietaria del inmueble, por lo que «han vuelto a meterse dentro», tras lo cual, «ya sólo nos queda acudir a la vía judicial», señala.

La propiedad aclara que el movimiento que ampara a los activistas ha iniciado contactos «pero siempre desde la imposición», ya que «primero han ocupado y después han intentado negociar, y ese no es el orden lógico de las cosas» y ha informado de que «ADA tiene proyectos benéficos muy avanzados para ese edificio, que el Ayuntamiento de Sevilla ya conoce, pues el uso social del inmueble tiene que tener una institucionalidad».

En el barrio hay división de opiniones respecto al movimiento surgido entorno al «Centro Social la Soleá». Así, por un lado, hay vecinos que a título particular defienden la actuación del 15 M, ya que consideran que «al menos están limpiando un edificio que llevaba muchos años abandonado y si hacen cosas en beneficio del barrio no veo por qué hay que echarlos». No obstante, hay otras entidades que se muestran contrarias «a la ocupación de una propiedad particular».

Es el caso de la asociación de vecinos La Unidad, del barrio B del Polígono San Pablo, quien señala que «estoy en desacuerdo con una ocupación que se hace a la fuerza» y, sin entrar a valorar los proyectos del movimiento en el edificio recalcan que «en el barrio hay muchas entidades sin sede y con muchas ideas pero no por ello hay que ir echando abajo las puertas. Nosotros abogamos por el acuerdo y por la cesión de los locales de manera consensuada y reglada», señala.

En el mismo sentido se pronuncia la asociación cultural La Humildad, apostando por «respetar la propiedad privada» y apunta que «con nosotros no han hablado ni nos han presentado sus planes sociales, pues lo lógico sería que si tienen un proyecto en beneficio del barrio, tal y como dicen, cuenten con las entidades que llevamos muchos años trabajando desinteresadamente en el Polígono San Pablo».

Por su parte, el Distrito San Pablo-Santa Justa ha actuado dentro de sus competencias, pues el inmueble no es propiedad del Ayuntamiento. Así, se han canalizado y tramitado peticiones a demanda de las entidades del Polígono San Pablo respecto al antiguo edificio de FP ADA -como por ejemplo, la dotación de mayor iluminación en el entorno-, y se ha instado a la propiedad privada al mantenimiento y adecentamiento del edificio.