«El proyecto de ampliación de zona azul del Gobierno de Zoido es una medida estrictamente recaudatoria que afectará muy negativamente a la movilidad urbana y al bolsillo de la mayoría social sevillana y que no goza en estos momentos del consenso ciudadano necesario para ser aplicada». Así se ha manifestado este miércoles el portavoz municipal de Izquierda Unida en la capital hispalense, Antonio Rodrigo Torrijos, al término de una reunión mantenida con diferentes asociaciones sindicales, de consumidores, vecinales y de la economía social para abordar el importante impacto de «este nuevo sablazo que el PP nos quiere imponer».

En concreto, en este encuentro han participado representantes de CCOO, UGT, Facua, UCE, Híspalis, Cepes y la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos. Todos ellos, según ha desvelado Torrijos, han coincidido con IU en valorar muy críticamente una decisión que se ha tomado con «total oscurantismo». Y es que «a ninguno de nosotros se nos ha consultado ni informado previamente sobre un proyecto de bastante envergadura que, para más inri, se ha aprobado por la vía de urgencia y con veranicidio de por medio», ha denunciado el portavoz de la federación de izquierdas.

Así las cosas, Torrijos ha explicado que, «dado el calado de este tema, hemos acordado convocar urgentemente una reunión en el seno de la Plataforma Compromiso Social para el Progreso de Sevilla», de la que forman parte cerca de una treintena de entidades de diversa índole, al objeto de «continuar analizando más exhaustivamente las consecuencias de esta brutal medida y adoptar las acciones que correspondan».

Igualmente, tanto IU como los colectivos presentes en este encuentro han anunciado su intención de solicitar en los próximos días un debate sobre movilidad urbana en el seno del Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS), al tratarse éste de un «foro muy adecuado y sumamente plural para discutir estas cuestiones».

Al hilo de esto, Torrijos ha aclarado que ni su fuerza política ni las organizaciones con las que se ha reunido este miércoles se oponen a la zona azul en sí, sino al procedimiento «absolutamente opaco» seguido por el Gobierno de Zoido para incrementar de manera desmesurada en un 77% las actuales plazas de pago que hay en la ciudad, «obviando la realidad social y el contexto de crisis tan feroz en que nos encontramos».

Tampoco ha ocultado el concejal de IU su sorpresa por la distribución que se pretende llevar a cabo de la nueva zona azul, incidiendo en la paradoja de que en Los Remedios se vayan a eliminar un 60% de estas plazas, «mientras se castiga a las capas populares de otros barrios o a los trabajadores y estudiantes de La Cartuja», algo que «dice mucho del concepto que el PP tiene del interés general», ha añadido.

Asimismo, Torrijos ha expresado sus dudas sobre la posibilidad de que la implantación de la zona azul suponga la eliminación del problema de los gorrillas en diversos puntos de la ciudad, tal y como alega el Gobierno local. Para el portavoz de IU, este presunto argumento no es más que «una excusa para enmascarar la voracidad recaudatoria del PP» y su obsesión por «transferir rentas públicas al sector privado».

En este sentido, Torrijos ha vuelto a defender que sea la empresa municipal Tussam quien se haga cargo de la gestión de la zona azul en Sevilla y ha mostrado su rechazo a la privatización iniciada por el Gobierno de Zoido para que «unos pocos hagan negocio con los recursos públicos de todos».