El Grupo Socialista ha presentado un recurso de reposición contra la resolución que amplía la zona azul en Sevilla en el que se pide la suspensión cautelar y se detalla que los cobros realizados hasta el 30 de abril de 2014 son nulos por no tener base legal y los realizados desde esa fecha son nulos por haberse saltado el debate plenario y las medidas necesarias de transparencia y participación.

«Se ha privado de una competencia al Pleno y se ha negado a la ciudadanía la participación y un proceso de exposición pública. Se debe proceder a la suspensión cautelar de la resolución porque de ella se pueden derivar miles de liquidaciones tributarias a través de las máquinas expendedores que son nulas de pleno derecho y la reparación del daño va a ser imposible», señala el recurso de reposición.

El portavoz socialista, Juan Espadas, y la concejala Susana López presentaron ayer un recurso de reposición contra la resolución del delegado de Movilidad en la que se basa la ampliación de la zona azul y han reclamado la suspensión cautelar de todos los cobros por parte de Aussa hasta que se resuelvan los recursos existentes debido a las posibilidades existentes de que sean «nulos de pleno derecho» y ante la imposibilidad de reparar posteriormente los daños causados a los ciudadanos.

En el documento, además, se advierte de que la nulidad no sólo puede afectar a las nuevas calles incorporadas en las que se cobra desde el 18 de junio, sino también al resto de vías en las que Aussa ha estado cobrando y sancionando, en su caso, sin base legal suficiente y apoyándose únicamente en una resolución del año 2005.

El recurso del Grupo Socialista subraya que la decisión del gobierno de Zoido de incluir el 30 de agosto de 2013 un listado de calles con estacionamiento regulado en superficie en un pliego de condiciones para la adjudicación de la gestión de la zona azul y, posteriormente, de sustituir el anexo de vías afectadas que se aprueba anualmente en las ordenanzas fiscales por una resolución del delegado de Movilidad que no tiene ni proceso de alegaciones, ni debate en el Pleno ni informe del Consejo Económico y Social convierte los cobros de la zona azul en «nulos de pleno derecho». «Se ha privado de una competencia al Pleno y se ha otorgado a un concejal. La zona azul se basa en un acuerdo incompleto que niega a la ciudadanía la posibilidad de pronunciarse sobre elementos esenciales de la obligación tributaria. Todo con el objetivo de evitar la exposición pública y que haya un conocimiento exacto de los vecinos de las calles afectadas», recoge el recurso presentado por el Grupo Socialista.

La nulidad en la gestión de la zona azul afecta, según el recurso registrado por el Grupo Socialista, en primer lugar a todos los cobros realizados desde que se derogó la ordenanza fiscal en la que se incluía un anexo con el listado de vías públicas con zona azul en enero de 2014 hasta que el 30 de abril se aprobó una nueva resolución. Pese a que se anunció que se iba a establecer un régimen transitorio, nunca llegó a aprobarse y por tanto, durante cinco meses no existió base legal alguna para seguir cobrando la zona azul, como ya advirtió en su momento el Grupo Socialista que llegó a remitir informes jurídicos al Tribunal Económico Administrativo y a la Agencia Tributaria. En ningún caso, como recoge el recurso de reposición, se puede asumir que los ciudadanos tengan que retomar como única base legal para el cobro de una tasa una resolución aprobada en 2005, hace nueve años.

En segundo lugar, a partir de la entrada en vigor de la nueva resolución del delegado de Movilidad y, especialmente, a partir de la puesta en funcionamiento de las nuevas vías con estacionamiento regulado en superficie el pasado 18 de junio, la nulidad está motivada por el incumplimiento de las obligaciones de participación institucional y ciudadana y transparencia al sustituir sin base legal una ordenanza fiscal por una resolución que depende exclusivamente de un concejal del gobierno.

Por estos motivos, y ante la posible nulidad de todos los cobros y multas impuestas durante este periodo, el Grupo Socialista ha pedido en la suspensión cautelar del cobro de la zona azul hasta que no se resuelva el recurso de reposición dada la imposibilidad de reparar el daño que se pueda causar a los ciudadanos que hayan pagado por el uso de una zona azul sin base legal suficiente para su aplicación.

Asimismo, el Grupo Socialista presentará una nueva moción en el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla para solicitar la paralización de la ampliación de la zona azul y el inicio de un nuevo periodo de diálogo y consultas con vecinos, trabajadores, comerciantes y estudiantes afectados por las nuevas áreas de zona azul diseñadas por el gobierno de Zoido, dado que se ha planteado únicamente con una «finalidad recaudatoria, sin estudios previos de movilidad, y en zonas residenciales, universitarias y de trabajadores».

El Delegado de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno, ha calificado estas declaraciones de «engaño», pues «la intención del PSOE era duplicar las plazas de zona azul».