Izquierda Unida en Sevilla ha presentado hoy un documento en el que se ruega al Ayuntamiento de Sevilla que se reconsidere la ampliación de la zona azul, y que se intenten buscar otras maneras para solventar la problemática del aparcamiento en la ciudad.

Este 18 de junio entraba en vigor en Sevilla la ampliación del sistema de estacionamiento en superficie regulado por precio o zona azul con la incorporación de casi 190 calles a esta figura de pago, lo que supone un importante incremento del número de estas plazas, que pasan de 4.112 a 7.285 en la actualidad.

Esta medida, vinculada al nuevo contrato adjudicado por el Ayuntamiento a la sociedad Aussa para la explotación de dicho servicio, ha motivado un gran rechazo ciudadano, que hasta ahora se ha concretado en diferentes protestas y movilizaciones.

Entre los lugares afectados por esta reordenación, se encuentran enclaves como Bami (1.726), Macarena (229), Pirotecnia (772) y Luis Montoto (786). Asimismo, se han aumentado las plazas existentes en Viapol y el Centro, mientras que se han eliminado 400 en Los Remedios.

A pesar de que desde el Ayuntamiento siempre se ha asegurado que esta iniciativa se había acordado con los vecinos, comerciantes y trabajadores de los territorios donde se ha establecido, los hechos han venido a cuestionar la existencia de tal consenso.

Conforme se acercaba la fecha prevista para su puesta en funcionamiento y durante estos primeros días de implantación, han sido numerosos los colectivos que han alzado la voz contra esta ampliación de la zona azul, al entender que se trata simplemente de una medida recaudatoria que no va a solucionar los déficits de movilidad y de aparcamiento que hay en la ciudad.

En Bami, por ejemplo, muchos vecinos temen que la zona azul no sólo no resuelva el histórico problema de los gorrillas, sino que termine empeorándolo. Tampoco ha sentado bien la noticia entre bastantes comerciantes de este barrio, que ven peligrar las ventas de sus negocios; ni entre los miles de trabajadores que dependen de sus vehículos para poder desplazarse hasta allí.

No es de extrañar, por tanto, que el pasado lunes 16 centenares de personas se echaran a las calles de Bami para protestar contra la zona azul con una manifestación que recorrió todo el barrio. A los vecinos y comerciantes del entorno se sumaron los trabajadores del hospital Virgen del Rocío y empleados de Vovis. El siguiente paso ha sido la constitución de una plataforma ciudadana que reclama la retirada de esta normativa y su renegociación y que ya prepara nuevas acciones reivindicativas.

En los últimos días han ido surgiendo, además, otros frentes de oposición. Tras lo sucedido en Bami, han empezado a movilizarse también los vecinos de La Buhaira y los trabajadores de Telefónica, empresa que suma casi 1.200 empleados repartidos en sus tres sedes de San Bernardo (Jiménez Aranda), Oriente (Luis Montoto) y Murillo (La Florida).

Por su parte, el Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla (Cadus) ha criticado la «poca información» y el «secretismo» con que el Ayuntamiento ha gestionado esta cuestión. Y, al igual que los colectivos anteriormente mencionados, demanda «medidas compensatorias» para paliar la aplicación de una regulación de aparcamiento que supondrá un claro perjuicio para los estudiantes que residen en las zonas donde ésta se ha habilitado.

Mientras tanto, se multiplican las recogidas de firmas entre el personal de los centros de trabajo, comerciantes y vecinos para solicitar al alcalde, Juan Ignacio Zoido, la paralización de la normativa y la posibilidad de abrir nuevas opciones para solventar los problemas de estacionamiento que padece Sevilla.

Desde Izquierda Unida entendemos que la importante contestación ciudadana que hasta la fecha ha provocado este asunto obliga al Ayuntamiento a replantearse su intención de imponer la zona azul a toda costa y, como mínimo, a consultar a los afectados sobre la idoneidad o no de este proyecto que, dicho sea de paso, no figuraba en el programa electoral del PP.

Por si fuera poco, hay que señalar que la medida no sólo se ha adoptado sin debate, ni consenso ni participación ciudadana, sino que además genera muchas dudas desde un punto de vista legal, ya que la relación de calles afectadas por esta tasa debería haberse aprobado en el Pleno municipal y no a través de una resolución de la Delegación de Movilidad. De ahí que varias organizaciones sociales y políticas, entre las que se encuentra Izquierda Unida, hayamos impugnado esta decisión mediante el correspondiente recurso de reposición.

Por todo ello, rogamos al Gobierno municipal «que se paralice la ampliación de la zona azul en Sevilla y se abra un proceso de participación ciudadana con todos los colectivos afectados al objeto de abordar la idoneidad o no de esta medida (que incluya la posibilidad de celebrar referéndums en los barrios donde más polémica provoca) y con el fin de acordar los términos en que ésta debe ser implantada, en caso de que hubiese consenso al respecto».