La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz ha remitido al Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por Juan Ignacio Zoido (PP), una resolución acerca de la «escandalosa situación» que vive la popular calle Betis, en el distrito Triana y declarada zona acústicamente saturada (ZAS), a cuenta de «locales que se encuentran desde hace tiempo en una situación de ilegalidad», pero «continúan ejerciendo su actividad sin consecuencias sancionadoras o de clase alguna». Y es que, según esta institución, en el funcionamiento de muchos de estos negocios median diversas anomalías pero la Gerencia de Urbanismo sólo ha «concluido» actuaciones sancionatorias en dos casos.

En esta resolución, fechada el pasado 6 de junio por el entonces Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, José Chamizo, la conocida institución da cuenta de que en 2011 emprendió «una actuación de oficio» para averiguar «las licencias de apertura que se habían concedido» para establecimientos hosteleros en la calle Betis, así como las licencias de instalación de terrazas de veladores y el número de expedientes sancionadores incoados en los 12 meses previos a aquel momento del año 2011. Igualmente, la indagación apuntaba a los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento en los últimos diez años respecto a la calle Betis, a cuenta de su declaración como zona acústicamente saturada (ZAS).

«Ruido incontrolado»

Y es que, según la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, en la calle Betis «el problema del ruido incontrolado es un problema de primer orden que ha sido objeto de atención en los medios de comunicación y que ha dado lugar a distintas quejas y reclamaciones por parte de ciudadanos». Lo cierto es que, según esta resolución del Defensor del Pueblo Andaluz, «después de casi dos años de trámite (…) no poseemos una información que nos permita evaluar con certeza y caso por caso, la situación legal de las actividades que se desarrollan, las terrazas y veladores autorizados, los expedientes sancionadores incoados y su estado de tramitación o la efectividad de las resoluciones dictadas».

Porque según esta resolución, los informes proporcionados por el Ayuntamiento de Sevilla contienen una información «incompleta y poco o nada aclaratoria de algunos de los importantes extremos» indagados. No obstante, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz señala que pese a «esa falta de colaboración informativa» por parte del Consistorio, «parece evidente que hay locales que no han presentado nunca una licencia de apertura, que algunas de las terrazas que se han instalado o ampliado lo han hecho sin autorización y que el nivel de ruidos que se produce, con frecuencia, supera todos los límites tolerables».