El portavoz municipal de Izquierda Unida en Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos, ha exigido este domingo al Gobierno de Juan Ignacio Zoido que adjudique de una vez los ocho pisos sociales del Ayuntamiento que actualmente permanecen «inexplicablemente» vacíos en el Corral de la Encarnación de la calle Pagés del Corro, a pesar del grave problema de emergencia habitacional existente en la ciudad.

Torrijos ha asegurado no entender a qué espera el alcalde para realojar en este bloque a familias sevillanas que, por causas sobrevenidas, han sido desahuciadas de sus casas, tal y como el Pleno de la Junta Municipal de Triana se lo demandó a principios de febrero a través de una moción de IU, que recibió el respaldo mayoritario de las entidades vecinales y sociales presentes en este órgano de participación local.

«El nivel de inacción y de desidia del PP ante un asunto tan dramático como el del acceso a la vivienda y la tragedia de los desalojos por impago resulta indecente», ha señalado Torrijos, quien ha anunciado que su grupo político ha requerido información sobre el Corral de la Encarnación ante la Comisión de Ruegos y Preguntas del Consistorio a fin de «conocer los verdaderos planes de Zoido para este inmueble y, de paso, enterarnos si algún día piensa darle un uso a los pisos sociales que hoy continúan desocupados».

Según ha precisado el concejal de IU, este caso refleja «con crudeza» la nula y nefasta política que el PP viene desarrollando en materia de vivienda en la capital hispalense. Y es que el Gobierno local «no sólo no ha construido ni una de los 1.000 casas que Zoido prometió al año, sino que en sus 20 meses de mandato se ha dedicado a desmantelar la empresa municipal Emvisesa (desaparición de OTAINSA y Parque Social), a la par que ha dejado en suspenso las normas de adjudicación de pisos en régimen de alquiler temporal para mayores y para familias en situación de emergencia social», ha recordado Torrijos.

Por ello, junto a la del Corral de la Encarnación, la federación de izquierdas ha registrado también una batería de preguntas relacionadas con la vivienda al objeto de que el PP «se retrate» y despeje muchas de las dudas e incertidumbres que, según Torrijos, derivan de su «pésima gestión» en este ámbito.

Entre otras cosas, Izquierda Unida está interesada en saber la cifra concreta de demandantes de pisos sociales que en estos momentos hay en Sevilla, así como el número de viviendas disponibles con las que cuenta el Ayuntamiento para paliar este «desgarrador escenario» o las próximas promociones previstas.

Igualmente, IU ha cuestionado al Gobierno local por las regularizaciones de viviendas que prometió en barriadas como El Gordillo o La Bachillera, procesos «de los que seguimos sin noticias». «Como le ocurre con el urbanismo y con la movilidad, el PP de Zoido también va a contracorriente en políticas de viviendas, al empeñarse en cruzarse de brazos y en dar la espalda a esos miles de sevillanos que hoy por hoy no tienen los recursos mínimos para pagar sus casas y que, por tanto, corren el riesgo de terminar en la calle», ha aseverado Torrijos.

En este sentido, ha advertido de que el Ayuntamiento «no puede limitarse a decir que ha paralizado provisionalmente los desahucios en Emvisesa y que ya ha cumplido». En su opinión, hacen falta medidas adicionales a esta decisión, pues «la actual moratoria no resuelve por sí sola la problemática que nos ocupa, simplemente aplaza su atención real y efectiva».

Al hilo de esto, el portavoz municipal de IU ha lamentado que el Gobierno de Zoido no sólo no haya impulsado aún ninguna iniciativa local encaminada a afrontar el drama de los desahucios, sino que «para colmo ha rechazado sumarse a las propuestas y acciones promovidas por otras administraciones contra esta lacra», ya sea negándose a firmar el convenio de colaboración que muchos ayuntamientos de la comunidad autónoma han suscrito con la Junta de Andalucía en aras de aunar esfuerzos en esta dirección, ya sea renunciando a adherirse al Fondo Social para Viviendas en alquiler que el Ejecutivo central (donde gobierna su partido) ha puesto en marcha junto a la banca y la FEMP.

Para Torrijos, resulta inconcebible que, aun cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de dictaminar que la legislación española sobre desahucios vulnera la normativa comunitaria (porque no garantiza a los ciudadanos una protección suficiente frente a cláusulas abusivas en las hipotecas), el Consistorio hispalense continúe resistiéndose a tomar partido en favor de los afectados por esta estafa.

Según Torrijos, el Ayuntamiento «debería tomar buena nota» de lo que IU viene haciendo en la Consejería de Vivienda de la Junta, donde «está demostrando que es posible aplicar una política diferente ante este drama, al romper la equidistancia con la que los poderes públicos siempre se habían enfrentado al conflicto de los desahucios y situándose sin complejos del lado de las víctimas de estos abusos».