Recibir una vivienda social es, habitualmente, un motivo de alegría y la solución de días apurados. Sin embargo, hay historias en las que, por circunstancias personales y de la gestión, terminan convirtiéndose en un pesado lastre.

Es el caso de Juan Antonio Morillo Canto (en la imagen), vecino del número 5 de la calle Bolonia, en Los Bermejales, que afirma, contudente, «vivir en una cárcel desde hace 18 años».

Durante ese tiempo, multitud de desperfectos y carencias en la vivienda le han llevado a emitir hasta 130 documentos de queja. Principalmente reclamaciones a la Junta de Andalucía, titular del complejo que gestiona la Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA).

Pero también consultas y exposición de motivos al Ayuntamiento de Sevilla o al Defensor del Pueblo. Incluso a la Casa Real.

Azulejos sujetados por cinta de carrocero en la calle Bolonia / F. Piñero

Azulejos sujetados por cinta de carrocero en la calle Bolonia / F. Piñero

Algunas de las respuestas son, cuanto menos, sorprendentes. En un documento del Servicio municipal de licencias de 2007 figura que la antigua Consejería de Obras Públicas y Transportes no había solicitado licencia de ocupación para la finca de la calle Bolonia.

Asimismo, el jefe del Servicio de Salud acreditó potenciales riesgos de salubridad provocados por humedades a la altura del dormitorio. «Aunque para condiciones higiénico sanitarias deficientes, el garaje, sin entrar en las posibles consecuencias estructurales», explica. Se saneó, pero permanece «cerrado a cal y canto».

«Entiendo que se paga poco (unos 80 euros), y que el desgaste del uso lo tenemos que asumir quienes vivimos aquí, pero, por ejemplo, hay azulejos en el cuarto de baño que están huecos y venidos hacia delante desde hace muchos años. Cualquier día se nos caen encima, o algo peor», comenta preocupado Morillo, en constante estado de alerta.

Contador y cables a la vista, junto a la puerta de las viviendas sociales de los Bermejales / Fran Piñero

Contador y cables a la vista, junto a la puerta / Fran Piñero

Tanto en el salón como en los dormitorios guarda un extintor. Y es que, en 2007 se originó en el piso contiguo un incendio que dejó 29 personas hospitalizadas. Aún hoy quedan cables quemados. «Los contadores de la luz están a centímetros de la puerta, si un día prenden, viene directo aquí», añade.

Las zonas comunes, lejos de ser un alivio, agravan más la situación. Al primer vistazo llaman la atención los cables y tubos del sistema eléctrico, sin tapa o cobertura alguna, en el pasillo de la planta baja, a la que se accede sin impedimento por no existir cerraduras en las puertas de entrada. Ni cerraduras ni telefonillos, pues están pero no funcionan.

«La rampa tiene defectos de construcción, porque debería ser una pendiente continua, y no tener dos desniveles», añade Juan Antonio, que a sus 52 años tiene reconocido el 65% de discapacidad debido a 4 hernias discales.

Su mujer comparte su suerte. Un accidente de tráfico le dejó una válvula del líquido cefalorraquídeo y el mismo grado de discapacidad.

Se esperaba que, a finales de noviembre, AVRA iniciase arreglos en las cubiertas, claraboyas y castilletes y reposición de ventanas. Trabajos que aún no se han puesto en marcha y que, según Morillo no se han planteado de la mejor manera.

«Han colgado un documento, sin sello, en el portal para que estemos dispuestos a mover muebles y quitar cortinas, lo que en mi caso y el de mi mujer, no es sencillo. Tampoco hemos sabido nada de la comisión de vecinos que supuestamente ha ayudado a organizar esto».

«Guerra» compartida

Juan Antonio Morillo llegó a la vivienda social de Los Bermejales tras una etapa de lo más precaria en el barrio de Guadaíra. Cada vecino tuvo un motivo diferente. La salud no siempre falta, y no todos sienten la misma motivación para plantear quejas.

Acceso al garaje de las viviendas sociales / Fran Piñero

Acceso al garaje de las viviendas sociales / Fran Piñero

Sin embargo, el conflicto entre las comunidades y la entidad parece extenderse a otros bloques de la manzana. En el número 8 de la calle Burdeos, por ejemplo, el problema viene por un ascensor que lleva meses inutilizado.

A falta de celebrarse un juicio que determine si fue un residente o no el causante de la avería, personas impedidas se encuentran con esta importante merma de la accesibilidad.

«Hay que gente que debe mucho dinero, miles de euros, y la Junta no da un paso hasta que la deuda se abone. Pero tampoco han hecho por controlar la situación en 14 años. Ahora parece que sí. Pero mientras, los que pagamos religiosamente tenemos que apechugar», comentan fuentes de la finca.

Necesitan una puerta de seguridad, pero tanto en este caso como en el del elevador, «la postura de la Junta de Andalucía es que nosotros lo paguemos y después lo devolverán. Pero aquí no hay dinero. Con el poco que había se pagó al administrador y a los abogados, de la Junta, que no han hecho nada», concluyen.

Es el día a día en lo que para algunos vecinos son «unas viviendas sociales, pero sin ley».